Desde la irrupción masiva de la televisión los efectos de las pantallas han sido ampliamente revisados. Pero este debate se ha intensificado en los últimos años con la emergencia de nuevos medios y formatos y la eclosión de los móviles a edades cada vez más tempranas.

Nunca en la historia la introducción de un invento ha supuesto una revolución capaz de alterar no sólo las rutinas cotidianas (horario de sueños, actividades durante el periodo de vigilia…), sino también las capacidades cognitivas y por ende, el propio desarrollo y maduración del cerebro.

Quizá sea el juego en la infancia una de las actividades más afectadas por esta proliferación de las pantallas en la vida de los niños, ya que se ha visto sustituido, no sólo por la televisión, sino también por el consumo de videos de YouTube, aplicaciones de móvil o videojuegos en línea.

Diferentes expertos alertan de los efectos que esta realidad está produciendo y desde el ámbito escolar muestran su preocupación por la reducción de los tiempos de atención, que está dificultando la adquisición de las habilidades de lectoescritura, el incremento de los trastornos de TDAH o directamente la falta de interés… desde el área sanitaria las investigaciones no son mejores y alertan de los efectos sobre la salud mental de niños y adolescentes, trastornos de hiperactividad y otros sobre las conductas alimentarias, muchos de ellos relacionados con la obesidad por el sedentarismo de la infancia.

En este contexto, la Fiscalía de Menores y la Agencia Española de Protección de Datos han consensuado, junto con otras 131 entidades, un documento con 15 medidas concretas para proteger a la infancia y a la adolescencia en el mundo digital.

El acuerdo ha sido impulsado por la Asociación  Europea de Transición Digital, cuya presidenta, Ana Caballero, ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos parlamentario para lograr alcanzar un pacto de Estado.

El texto, que puede consultarse en este enlace: https://pactomenoresdigitales.org/ representa el primer  acuerdo social en relación a las pantallas y, por vez primera, las aborda como un “problema de salud pública”.

En el documento se contemplan medidas como: reconocer el problema existente con las pantallas, limitar el uso de los móviles en los colegios, establecer mecanismos de verificación de la edad para impedir el acceso a contenidos inapropiados, alfabetizar a la ciudadanía para que comprenda los riegos, responsabilizar a las empresas o promover algoritmos que respeten los derechos de niños y adolescentes.