El 9 de julio, el Parlamento Europeo aprobó un “INFORME sobre la seguridad de los productos y el cumplimiento de la  normativa en el comercio electrónico y las importaciones procedentes de terceros países", en el que urge de la UE acciones coordinadas para proteger a los consumidores, garantizar la competencia leal y modernizar los controles ante el impacto del comercio electrónico.

Como este sector viene denunciando hace años, la falta de responsabilidad como operador económico de los mercados en línea, en un contexto en el que, sólo en 2024, llegaron a la UE 4.600 millones de envíos de valor inferior a 150€ a través de estas plataformas (el 91% desde China), ha creado una situación de riesgo grave para los consumidores, además de perjudicar seriamente la competitividad de las empresas europeas y de desbordar a las autoridades de vigilancia de mercado.

Ante esto, el Parlamento propone una serie de medidas a la Comisión, aunque nosotros seguimos echando de menos la modificación de la Ley de Servicios Digitales para permitir que se equipare a las plataformas de venta online con el resto de operadores económicos.

Así lo expresamos en una reunión mantenida con el eurodiputado del PPE Pablo Arias, que reconoció las dificultades de introducir esta medida en el RSJ debido al marco jurídico que supone la Ley de Servicios Digitales de la UE.

El lunes 28 de julio la Comisión publicó los resultados preliminares de su investigación sobre TEMU, que concluyen que esta plataforma no tiene un procedimiento adecuado para evaluar los riesgos asociados a la venta de productos ilegales en su plataforma.

Esperamos que las instituciones europeas sigan trabajando en hacer cumplir su propia legislación a todos los que operan en el mercado de la UE, lo que hasta ahora no sucede.