La Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción mediante el envío de un requerimiento a España (INFR(2026)2049) por no haber adaptado su legislación sobre el sector minorista a la interpretación del Tribunal de Justicia en el asunto C-677/22.

Según la legislación española, los plazos de pago de los bienes de consumo pueden ampliarse sistemáticamente más allá de los 60 días, superando en ocasiones los 120 días, una práctica que parece incompatible con la sentencia del Tribunal.

La puntualidad en los pagos es fundamental para que las empresas europeas crezcan e inviertan en el mercado único. Por lo tanto, la Comisión envía un requerimiento a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. A falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá decidir emitir un dictamen motivado, lo que supondría posibles multas coercitivas o sanciones económicas.